Una de las características más complejas del financiamiento chino al proyecto de desarrollo del actual estado es la confidencialidad, contenida en una cláusula expresa en los contratos suscritos, que estaría obligando a Bolivia, como país prestatario, a mantener en reserva los términos y condiciones de los pactos crediticios, lo que ha devenido en vulneraciones a los derechos laborales y la normativa medioambiental.
Esto ocurre no solo con Eximbank, el principal banco de ese país para la presencia china en Latinoamérica, por ejemplo, sino con la o las empresas que forman parte de la operación, con las que igualmente Bolivia mantendría en reserva las condiciones del contrato de ejecución del proyecto o de la obra, advirtió la experta del CEDLA, Silvia Molina.
“Esta situación se repite de una y otra manera ¡y seguimos contratando estas empresas¡, nos preguntamos si no hay una especie de aceptación tácita a que estas vulneraciones se vayan dando”, expresó Molina en el programa Diálogos en corto circuito, un espacio semanal de información al servicio de los trabajadores, que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) transmite desde enero pasado por la Red Erbol.
La iniciativa radial tiene por objeto abordar temáticas de interés y ofrecer elementos para el debate.
EL ESTUDIO
La caída de ahorro nacional y la necesidad de aumentar la inversión han llevado a acentuar una política de atracción de capitales de origen chino, destinados en general a la actividad extractiva mediante proyectos dominados por capital externo y atractivos para la banca internacional, instituciones financieras e inversión extranjera directa, sostiene Molina en su estudio que se encuentra libre para su descarga.
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